El Tratado de Lisboa es la propuesta que, después de años de negociación, firmaron los Jefes de Estado o Gobierno de los 27 países que conforman la Unión Europea en diciembre de 2007. Inicialmente se esperaba que el Tratado entrara en vigor el primero de enero de este año, una vez ratificado por los 27 Estados miembros.
El Tratado implica la modificación de los Tratados de la Unión Europea y la Comunidad Europea, aunque sin sustituirlos, y su principal objetivo es proporcionar un marco jurídico coherente a la Unión. Esto se ha planteado como necesario por la ambigüedad que ha caracterizado a la UE desde sus inicios, por tratarse de un líder en el proceso de integración, y porque la unión se percibe como una forma de incrementar la capacidad de respuesta de los países miembros ante los nuevos retos, entre ellos la mundialización de la economía, las amenazas a la seguridad, los problemas ambientales como el cambio climático y la evolución de la pirámide demográfica.
En primera instancia, el Tratado de Lisboa prevé la conformación de una UE más democrática al dar mayores funciones al Parlamento Europeo y los parlamentos nacionales, y al posibilitar el acercamiento con los individuos por medio de la “iniciativa ciudadana”, gracias a la que al menos un millón de ciudadanos podrán pedir a la Comisión que haga propuestas de legislación. Así mismo, prevé un aumento de la eficacia en la Unión, pues incluye una clasificación precisa de las competencias de los Estados miembros y la Unión Europea, para evitar conflictos y duplicación de tareas, y propone procedimientos de votación más simples y la modernización de las instituciones.
Finalmente, gracias al Tratado será posible poner en marcha una política exterior común que responda a los intereses económicos y políticos y a las necesidades de seguridad del bloque, estableciéndolo como un actor unificado de las Relaciones Internacionales. Así pues, la política exterior de la Unión Europea se llevará a cabo por un nuevo Servicio Europeo de Acción Exterior, dirigido por la figura del Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad.
Sin embargo, y a pesar de la ratificación de 26 de los miembros, hasta finales del mes pasado el proyecto del Tratado estaba en veremos, ante la negativa del presidente de la República Checa, Václav Klaus, de firmar el texto de ratificación, así como su petición de que se añadiera a su país al protocolo que limita la aplicación de la Carta de los Derechos Fundamentales, como en el caso de Polonia y Reino Unido, con el objetivo de evitar que los descendientes de los tres millones de alemanes que fueron expulsados por las autoridades checas tras la II Guerra Mundial aludan a la justicia europea para hacer reclamaciones.
Durante la junta de Jefes de Estado y de Gobierno que se llevó a cabo en Bruselas durante los últimos días de octubre, se decidió acceder a las peticiones del presidente checo, por lo que a éste no le quedó más opción que firmar el texto, a regañadientes, el martes pasado.
Escéptico hasta el fin, el mandatario checo declaró que “Con este tratado, la República Checa ha dejado de ser un Estado soberano”, en una conferencia de prensa convocada tras estampar su firma en el texto. Sin embargo, la decisión era inevitable por diversas razones. Además de las presiones del resto de la Unión, el Parlamento checo había ratificado hace meses el tratado, las encuestas realizadas afirmaron la voluntad del pueblo checo para lograr la firma del tratado, y el Tribunal Constitucional – al que Klaus acudió por segundo año consecutivo – confirmó el 03 de noviembre pasado que el proyecto no viola la ley checa.
En opinión de Tomas Sedlacek, economista y antiguo asesor del ex presidente checo Václav Havel, “Estar en la UE nos ha beneficiado a todos; es evidente el éxito económico conseguido en los últimos cinco años”. Así pues, el grueso de la población checa considera una lástima que, el escepticismo del presidente, haya transmitido una imagen mala del país en general.
Así pues, ahora sólo queda a los líderes europeos deliberar quién será el presidente permanente del Consejo Europeo (nueva instancia que establece el Tratado) y el Alto Representante para la Política Exterior, además de cerrar la composición de la Comisión Europea. Aunque en realidad dependerá de la eficiencia para organizar estos cambios, de acuerdo al presidente francés Nicolas Sarkozy “El Tratado de Lisboa entrará en vigor previsiblemente desde el 1 de diciembre”.
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